Prevención del Embarazo No Deseado y Reducción de la Criminalidad en Venezuela: Un Análisis Integral y Propuestas Estratégicas

Resumen Ejecutivo

Venezuela enfrenta una compleja encrucijada marcada por altas tasas de embarazo no deseado, particularmente en adolescentes, y niveles críticos de criminalidad. Estos fenómenos, lejos de ser aislados, se encuentran profundamente interconectados por factores estructurales como la pobreza, la exclusión educativa, la violencia de género y la debilidad institucional, exacerbados por una crisis multidimensional prolongada. El presente informe analiza la magnitud, causas y consecuencias de ambas problemáticas, explora sus intersecciones y evalúa las estrategias de prevención y reducción existentes, con el fin de proponer líneas de acción integrales.

El embarazo adolescente en Venezuela presenta una de las tasas más elevadas de América Latina y el Caribe, un problema estructural con más de cinco décadas de persistencia que la crisis reciente ha agudizado.¹ Las raíces de este desafío son multifactoriales, incluyendo determinantes socioeconómicos y educativos que limitan las oportunidades de las jóvenes ³; barreras significativas en el acceso a educación sexual integral (ESI) de calidad y a métodos anticonceptivos modernos ³; y profundas influencias socioculturales, como normas de género tradicionales y la alarmante incidencia de la violencia basada en género (VBG).⁶ Las consecuencias son devastadoras, perpetuando ciclos de pobreza, truncando proyectos de vida y afectando la salud física y mental de las madres jóvenes y sus hijos.³

Paralelamente, la criminalidad en Venezuela se manifiesta en una «epidemia de violencia» ⁹, con elevadas cifras de muertes violentas, homicidios y una preocupante letalidad policial.⁹ El crimen organizado ha expandido su influencia, controlando territorios y diversificando sus actividades ilícitas, lo que supone un desafío directo a la autoridad del Estado.¹¹ Esta dinámica se nutre del impacto de la crisis socioeconómica, que ha empobrecido a la población y limitado las oportunidades legítimas, y de una profunda debilidad institucional, caracterizada por la corrupción, la impunidad y un sistema de justicia penal con escasa independencia y efectividad.¹³ La alta proporción de muertes violentas que permanecen «en averiguación» es un síntoma de esta disfuncionalidad.⁹

Las intersecciones entre el embarazo no deseado y la criminalidad son particularmente críticas para la juventud venezolana, que enfrenta vulnerabilidades cruzadas. La falta de un proyecto de vida viable, exacerbada por la crisis, puede llevar a que el embarazo adolescente sea percibido como una salida o que la vinculación a actividades delictivas surja como una estrategia de supervivencia.⁸ La VBG es un factor común que impulsa tanto embarazos forzados como la exposición de jóvenes a entornos de riesgo.

Las estrategias de prevención y reducción implementadas, como el Plan Nacional PRETA para el embarazo adolescente ¹⁷ y políticas de seguridad ciudadana como los Cuadrantes de Paz ¹⁸, muestran avances limitados. Su efectividad se ve comprometida por una significativa brecha de implementación, derivada de la falta de recursos, la debilidad institucional y la desconexión con las realidades operativas y las causas estructurales profundas. Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) desempeñan un rol crucial en la prevención y atención, pero enfrentan un entorno operativo cada vez más restrictivo.¹⁹

Este informe concluye con la necesidad de un abordaje integral y multisectorial. Las recomendaciones se centran en: 1) Fortalecer la ESI y el acceso universal a anticonceptivos, junto con apoyo multifacético a madres jóvenes. 2) Reformar el sistema de justicia penal, implementar estrategias de prevención del delito basadas en evidencia y fortalecer el control civil de las fuerzas policiales. 3) Desarrollar programas integrales para jóvenes en alta vulnerabilidad que aborden simultáneamente los riesgos. 4) Invertir en la recolección de datos, la investigación y la coordinación intersectorial, apoyando el rol vital de la sociedad civil. Estas acciones, adaptadas al complejo contexto venezolano y apoyadas por la cooperación internacional, son fundamentales para construir un futuro más seguro y con mayores oportunidades para la población venezolana.

I. Introducción

Contextualización de la doble problemática en la Venezuela actual

Venezuela atraviesa una crisis multidimensional prolongada que ha exacerbado profundamente las vulnerabilidades sociales preexistentes. En este complejo panorama, dos fenómenos destacan por su gravedad y sus interconexiones: las altas tasas de embarazo no deseado, con una incidencia particularmente alarmante en la población adolescente, y niveles críticos de criminalidad y violencia que permean la vida cotidiana de los ciudadanos. Estos no deben entenderse como problemas aislados, sino como manifestaciones interrelacionadas de un contexto caracterizado por el debilitamiento institucional, severas dificultades socioeconómicas y un deterioro progresivo del tejido social.

La persistencia de elevadas tasas de embarazo adolescente se configura como un problema estructural de larga data en el país. Como señalan diversos análisis, esta situación «lleva por lo menos 50 años sin modificarse» ¹, indicando que sus raíces van más allá de la coyuntura económica reciente, aunque esta última sin duda ha intensificado los factores de riesgo. Paralelamente, la violencia, en sus diversas manifestaciones, se ha expandido y transformado, llegando a ser descrita como una «epidemia» que afecta a la práctica totalidad del territorio nacional.⁹ Esta realidad impone una carga desproporcionada sobre los grupos más vulnerables, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres.

La cronicidad de la alta tasa de embarazo adolescente, a pesar de diversas intervenciones a lo largo de las décadas, sugiere que las políticas y programas implementados hasta ahora han sido insuficientes o no han logrado abordar las causas estructurales profundas. Estas causas trascienden la mera disponibilidad de información o servicios, y se anclan en desigualdades de género, factores culturales, brechas educativas y socioeconómicas persistentes. Por lo tanto, cualquier nueva estrategia que busque revertir esta tendencia debe ser cualitativamente diferente, más holística y con una clara intención de transformar las condiciones subyacentes que perpetúan el problema.

De igual forma, la descripción de la violencia como una «epidemia» ⁹ y el posicionamiento de Venezuela con la «segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo» (en el contexto de América Latina y el Caribe) ²¹ no son meramente estadísticas alarmantes. Constituyen indicadores de un profundo deterioro del tejido social y una fractura del contrato social en Venezuela. Ambos fenómenos impactan de manera desproporcionada a la juventud, comprometiendo el capital humano y el futuro del país. Una «epidemia de violencia» denota una normalización de la agresión y una falla sistémica en los mecanismos estatales de control, prevención y protección. A su vez, tasas persistentemente elevadas de embarazo adolescente, en su mayoría no planificado, reflejan deficiencias crónicas en los sistemas de educación y salud, así como en la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la equidad de género. Considerados conjuntamente, estos problemas trascienden el ámbito sectorial para señalar una crisis de desarrollo humano y una ruptura en la capacidad del Estado y la sociedad para garantizar el bienestar, la seguridad y las oportunidades de sus ciudadanos, especialmente los más jóvenes y vulnerables. Las implicaciones de esta situación se extienden a la gobernabilidad, la confianza en las instituciones, la cohesión social, el desarrollo económico y la estabilidad política a largo plazo.

Justificación de un abordaje integral

La interconexión de múltiples factores de riesgo –tales como la pobreza, la exclusión educativa y laboral, la violencia de género en sus diversas formas, y la falta de oportunidades reales para el desarrollo personal y profesional– que subyacen tanto al embarazo no deseado como a la propensión a la criminalidad, particularmente en la población juvenil, demanda imperativamente un análisis y estrategias de intervención que superen los enfoques sectoriales tradicionalmente fragmentados. Resulta fundamental reconocer que la prevención efectiva y la reducción sostenible de ambos problemas sociales requieren una comprensión profunda de sus raíces comunes y de sus impactos recíprocos.

Un abordaje integral permite no solo identificar las causas directas de cada problemática, sino también desentrañar las dinámicas complejas que las vinculan. Por ejemplo, un embarazo temprano no deseado puede conducir al abandono escolar y a la inserción laboral precaria, incrementando la vulnerabilidad económica y la exclusión social de la joven madre y su hijo, lo que a su vez puede generar un entorno más propenso a la violencia o, en situaciones extremas, a la participación en economías informales o ilícitas para la supervivencia. De manera similar, un contexto de alta criminalidad y violencia puede limitar el acceso de los jóvenes a la educación, a servicios de salud sexual y reproductiva, y a espacios seguros de socialización, aumentando su exposición a riesgos como la violencia sexual (que puede resultar en embarazos) o el reclutamiento por grupos delictivos.

Por consiguiente, este informe argumenta que solo a través de una perspectiva integral, que reconozca y aborde estas interdependencias, se podrán diseñar e implementar políticas y programas que sean verdaderamente efectivos y transformadores, capaces de romper los ciclos de vulnerabilidad que afectan a una parte significativa de la población venezolana, con un énfasis especial en la protección y promoción de los derechos de la juventud.

II. El Desafío del Embarazo No Deseado en Venezuela

A. Magnitud y Tendencias Actuales

El embarazo no deseado, especialmente en la adolescencia, representa uno de los desafíos de salud pública y desarrollo social más persistentes y preocupantes en Venezuela. Las estadísticas disponibles, aunque enfrentan limitaciones en cuanto a su actualización y exhaustividad, pintan un panorama alarmante que posiciona al país con indicadores considerablemente elevados en el contexto regional e internacional.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otras fuentes, Venezuela ha ostentado consistentemente una de las tasas de fecundidad adolescente (TFA) más altas de América Latina y el Caribe.¹ Informes específicos señalan una tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 17 años de 97.7 por cada 1,000 mujeres, y se ha identificado al país con la tasa de embarazo adolescente más alta de la región.¹ Otro reporte indica que Venezuela es el primer país de Suramérica en Tasa Específica de Fecundidad (TEF) para el grupo de 15 a 19 años.² Más recientemente, para el año 2020, se reportó una TFA (15-19 años) de 84.19 por cada 1,000 mujeres, la más alta de América del Sur.⁴ Estas cifras contrastan significativamente con el promedio regional, que se sitúa en torno a los 60.7 nacimientos por cada 1,000 adolescentes.⁴

Un análisis de la evolución histórica de estos indicadores revela una tendencia preocupante: mientras la Tasa Global de Fecundidad (TGF) en Venezuela experimentó un descenso cercano al 50% entre 1973 y 2012, la TEF en adolescentes de 15 a 19 años se mantuvo prácticamente sin cambios durante el mismo período.² Esta disparidad sugiere que los factores que han contribuido a la reducción general de la fecundidad no han tenido el mismo impacto en la población adolescente, o que existen barreras específicas que impiden la disminución del embarazo en este grupo etario. Entre 2003 y 2010, la TEF de 15-19 años disminuyó levemente, pero luego aumentó en 2011, superando la cifra inicial de la década, para luego descender marginalmente en 2012.²

Existen, además, importantes disparidades dentro del territorio nacional y entre diferentes grupos poblacionales. Estudios localizados, como uno realizado en el estado Lara entre 2018 y 2019, revelaron que el 28% de las mujeres que acudieron a control prenatal eran adolescentes, y de este grupo, un alarmante 49% ya tenía al menos un hijo previo.¹ Asimismo, se ha constatado una mayor incidencia del embarazo temprano en los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, donde la fecundidad adolescente puede llegar a duplicar la de los estratos no pobres.⁴

La comprensión cabal de la magnitud del problema se ve obstaculizada por serias deficiencias en la recolección y difusión de datos oficiales. Se ha señalado una marcada «opacidad en las cifras oficiales» ¹, así como un subregistro significativo, especialmente en lo referente a embarazos y nacimientos en niñas menores de 15 años, un grupo particularmente vulnerable que a menudo es excluido de las estadísticas internacionales estandarizadas.¹ La información nacional disponible en algunos análisis solo llega hasta el año 2012 ², y se ha criticado la falta de homogeneidad en la consolidación de datos entre distintas instituciones hospitalarias, lo que dificulta comparaciones rigurosas y el seguimiento de tendencias actualizadas.² Esta carencia de datos fiables y recientes limita la capacidad para realizar diagnósticos precisos y para diseñar y evaluar intervenciones basadas en evidencia.

Tabla 1: Indicadores Clave de Embarazo Adolescente en Venezuela: Evolución y Comparativa.

Nota: Las cifras pueden variar ligeramente entre fuentes debido a metodologías y años de referencia. La tabla busca sintetizar la magnitud y persistencia del fenómeno.

La consolidación de estos datos, a pesar de sus limitaciones, evidencia la gravedad y la persistencia del embarazo adolescente como un problema de salud pública y desarrollo social en Venezuela. La posición desfavorable del país en comparativas regionales subraya la urgencia de intervenciones más efectivas y sostenidas. La diferenciación por grupos de edad y la atención al subregistro en menores de 15 años son cruciales para visibilizar a las poblaciones más vulnerables y dirigir los esfuerzos de manera más precisa.

B. Raíces Multifactoriales: Un Análisis Profundo

El fenómeno del embarazo no deseado en Venezuela, especialmente en la adolescencia, no responde a una causa única, sino que se ancla en una compleja red de factores interrelacionados que abarcan dimensiones socioeconómicas, educativas, culturales y de acceso a servicios esenciales.

1. Determinantes socioeconómicos y educativos:

La pobreza y la desigualdad socioeconómica emergen como factores estructurales que incrementan significativamente la vulnerabilidad al embarazo temprano.3 En Venezuela, se ha observado que en los estratos más pobres la fecundidad adolescente llega a duplicar la de aquellos estratos con mejores condiciones económicas.4 La pobreza, entendida en su concepción multidimensional como carencia de techo, acceso a salud, educación y trabajo 23, crea un entorno donde las oportunidades de desarrollo se ven severamente limitadas. Estudios realizados en centros hospitalarios han corroborado que una proporción mayoritaria de las adolescentes embarazadas atendidas pertenecen a estratos socioeconómicos precarios.23

El bajo nivel educativo y el abandono escolar constituyen tanto una causa como una consecuencia del embarazo adolescente.³ La escuela es reconocida como un factor protector clave, ya que la escolarización permite a las niñas y adolescentes conocer sus derechos y prepararse para un futuro con mejores oportunidades.³ Sin embargo, el abandono escolar, a menudo impulsado por la necesidad de trabajar, la falta de recursos o el propio embarazo, trunca estas oportunidades y reduce el acceso a información crucial sobre salud sexual y reproductiva. Investigaciones indican que una gran parte de los embarazos en adolescentes ocurren cuando las jóvenes ya se encuentran fuera del sistema educativo o se ven forzadas a abandonarlo debido a su condición.⁶

Esta interrupción educativa, sumada a un contexto de crisis económica y escasez de empleo formal, contribuye a la configuración de proyectos de vida limitados y a una falta de perspectivas futuras para muchas jóvenes.³ En entornos de desesperanza y pocas alternativas visibles, el embarazo y la maternidad pueden ser percibidos, de manera consciente o inconsciente, como una vía para alcanzar un cierto estatus social, aceptación o un sentido de propósito, aunque esta percepción sea a menudo ilusoria y conduzca a mayores dificultades.³ La «falta de un proyecto de vida», mencionada como factor de riesgo ¹⁵, no debe interpretarse únicamente como una característica individual, sino como un síntoma de la desesperanza sistémica que puede generar un entorno de crisis prolongada, donde las vías tradicionales de desarrollo personal y profesional parecen inalcanzables para una parte significativa de la juventud.²⁶

2. Barreras en el acceso a Educación Sexual Integral (ESI) y Anticoncepción:

A pesar de los esfuerzos realizados, persisten importantes deficiencias en la calidad, cobertura y enfoque de la Educación Sexual Integral (ESI) tanto dentro del sistema educativo formal como en los espacios comunitarios.3 La «falta de información y el difícil acceso a una educación sexual de calidad» 3 y la «falta de información» en general 7 son señaladas reiteradamente como causas directas del embarazo no planificado.

La disponibilidad, el acceso efectivo y el uso correcto y consistente de métodos anticonceptivos modernos también enfrentan múltiples barreras. Estas pueden ser de índole económica (costo de los métodos), geográfica (distancia a los servicios de salud), cultural (mitos, tabúes, oposición familiar o de la pareja) o informativa (desconocimiento sobre la variedad de métodos, su uso correcto y dónde obtenerlos).³ Cubrir la necesidad insatisfecha de anticoncepción en la región permitiría evitar millones de nacimientos no planificados, abortos inseguros y muertes maternas cada año.²¹ Organismos como el UNFPA han realizado esfuerzos significativos para garantizar el acceso a anticonceptivos en Venezuela, especialmente en poblaciones vulnerables e indígenas, pero la demanda sigue superando la oferta y la pandemia de COVID-19 generó interrupciones adicionales en estos servicios.⁵

El rol de los servicios de salud reproductiva es fundamental. La calidad de la atención, la garantía de confidencialidad, la creación de espacios amigables y diferenciados para adolescentes, y la capacitación del personal de salud para abordar las necesidades específicas de este grupo etario son aspectos cruciales que aún presentan desafíos.²⁷ Las adolescentes embarazadas son consideradas pacientes de alto riesgo obstétrico y requieren un enfoque de atención particularizado y respetuoso de sus derechos.²⁸

3. Influencias socioculturales y el impacto de la violencia de género:

Las normas de género tradicionales, profundamente arraigadas en algunos sectores de la sociedad, pueden idealizar la maternidad temprana o limitar la autonomía y capacidad de decisión de las jóvenes sobre su propio cuerpo y su futuro.3 El «rol de género que tradicionalmente se le asigna a la mujer» 8 puede restringir sus aspiraciones a la esfera doméstica y reproductiva.

La presión social ejercida por el entorno, incluyendo los pares y la propia pareja, también juega un papel significativo.³ Investigaciones han identificado la «insistencia de la pareja» como un motivo frecuente para la iniciación sexual temprana y la «presión social» como un factor que influye en las decisiones reproductivas de las adolescentes.²⁴

De manera alarmante, la violencia basada en género (VBG), que incluye el abuso sexual, la violación y las relaciones sexuales coercitivas, emerge como una causa directa y brutal de embarazos no deseados, especialmente en niñas y adolescentes más jóvenes.⁶ Se estima que una proporción muy elevada de los embarazos en menores de 14 años son resultado directo de la violencia sexual, a menudo perpetrada por personas cercanas o del entorno familiar.⁶ La VBG es reconocida como una de las principales causas subyacentes del embarazo adolescente.⁷

La persistencia de altas tasas de embarazo adolescente a pesar de la existencia de programas de ESI y esfuerzos por mejorar el acceso a la anticoncepción ⁵ sugiere una desconexión fundamental. Estos programas, si bien necesarios, pueden estar fallando en abordar de manera efectiva las normas de género profundamente arraigadas, la omnipresencia de la VBG y las complejas dinámicas de poder que caracterizan las relaciones sexuales de muchos adolescentes. La «cultura más conservadora» y la «presión de la pareja» ²⁴ representan barreras que trascienden la simple provisión de información o métodos anticonceptivos. Esto implica que las intervenciones no pueden limitarse a un enfoque técnico; deben ser capaces de catalizar una reflexión crítica y una transformación de las normas socioculturales que subordinan a las jóvenes, normalizan la coerción o minimizan la agencia femenina en la toma de decisiones sobre su sexualidad y reproducción.

C. Consecuencias de Largo Alcance

El embarazo no deseado, y en particular el embarazo durante la adolescencia, desencadena una cascada de consecuencias que afectan profundamente la vida de las jóvenes madres, sus hijos, sus familias y la sociedad en su conjunto. Estos impactos se manifiestan en diversas esferas, desde la salud física y mental hasta las oportunidades educativas y socioeconómicas, perpetuando ciclos de vulnerabilidad.

Desde el punto de vista de la salud, el embarazo en la adolescencia conlleva riesgos significativamente mayores tanto para la madre como para el neonato. Las adolescentes, especialmente las más jóvenes, tienen una mayor probabilidad de experimentar complicaciones durante la gestación y el parto, tales como preeclampsia, eclampsia, anemia y fístula obstétrica.² La mortalidad materna es considerablemente más alta en este grupo etario en comparación con mujeres adultas jóvenes.²² Para los hijos de madres adolescentes, los riesgos incluyen parto prematuro, bajo peso al nacer, problemas de desarrollo y una mayor tasa de mortalidad infantil.¹⁵ Además, se ha señalado que ser hijo de una madre adolescente puede ser un factor predisponente para ser víctima de diversas formas de maltrato infantil.²

En el ámbito educativo, el embarazo suele significar la interrupción o el abandono definitivo de los estudios.³ Esta deserción escolar «trunca sus oportunidades futuras» ³, limitando drásticamente sus posibilidades de adquirir las habilidades y credenciales necesarias para acceder a un empleo digno y bien remunerado. Esta consecuencia no solo afecta el desarrollo individual de la joven, sino que también tiene implicaciones para el capital humano del país.

Las consecuencias socioeconómicas son igualmente severas. El embarazo adolescente a menudo conduce a la perpetuación del ciclo de pobreza.³ Las jóvenes madres enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral y, cuando lo logran, suelen acceder a empleos precarios, informales y de baja remuneración. Esto genera dependencia económica, a menudo de sus familias de origen o de parejas que también pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. Se ha afirmado que «la maternidad temprana se convierte en un factor de pobreza difícil de superar» ⁴, contribuyendo a la feminización de la pobreza.

El impacto psicológico y familiar no es menor. Las madres adolescentes suelen experimentar altos niveles de estrés, ansiedad, miedo al rechazo social y familiar, y en algunos casos, pueden desarrollar trastornos emocionales más graves, incluyendo la depresión y dificultades en el vínculo con el bebé.³ La dinámica familiar puede verse alterada, surgiendo conflictos, y en ocasiones, la joven puede ser expulsada del hogar.⁸ La inestabilidad familiar resultante crea un entorno poco propicio para el desarrollo saludable del niño.

Finalmente, el embarazo adolescente puede aumentar la vulnerabilidad a otros riesgos sociales. Se ha mencionado una posible «tendencia a la prostitución o delincuencia» ⁸ como una consecuencia extrema en contextos de falta de apoyo y oportunidades. La joven madre puede también ser más susceptible a futuras situaciones de violencia de género.

Es crucial entender que el embarazo adolescente no es meramente un «problema de salud» individual ¹, sino un evento complejo que cristaliza y profundiza múltiples desigualdades preexistentes, sean estas de género, socioeconómicas, educativas o geográficas. Actúa como un potente multiplicador de vulnerabilidad que no solo trunca trayectorias de vida individuales, sino que también impone un costo social y económico significativo para Venezuela. Este costo se traduce en una menor productividad, una mayor demanda de servicios sociales y asistenciales, y un freno al desarrollo del capital humano nacional. Por ello, abordar el embarazo adolescente de manera efectiva no es solo una cuestión de salud individual o de derechos reproductivos, sino una estrategia clave para la reducción de la desigualdad, la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible en el país. La magnitud de su impacto justifica una inversión prioritaria y sostenida en su prevención integral.

III. La Compleja Dinámica de la Criminalidad en Venezuela

A. Panorama de la Violencia y el Delito

Venezuela enfrenta un panorama de criminalidad y violencia de gran complejidad y severidad, que ha sido calificado por observadores como una «epidemia».⁹ Las cifras oficiales y las estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, aunque a veces divergentes y con limitaciones metodológicas, coinciden en señalar niveles alarmantemente altos de violencia letal y una diversificación de las manifestaciones delictivas.

El Informe Anual de Violencia 2023 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reportó un total de 6,973 muertes violentas en el país. De estas, 1,956 fueron clasificadas como homicidios cometidos por delincuentes, 953 correspondieron a fallecidos en acciones de intervención policial, y una cifra considerable de 4,064 muertes violentas quedaron catalogadas como «en averiguación» respecto a su causa e intencionalidad.⁹ Si bien estas cifras representan una disminución en comparación con los años inmediatamente anteriores (9,367 en 2022 y 11,081 en 2021, según el mismo OVV ⁹), la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes sigue siendo una de las más elevadas del mundo y supera con creces el umbral considerado epidémico por la Organización Mundial de la Salud.

Los tipos de delitos prevalentes son variados y reflejan tanto la delincuencia común como la creciente sofisticación del crimen organizado. Este último ha ganado un protagonismo preocupante, con la operación de «megabandas» y otras estructuras delictivas dedicadas a una amplia gama de actividades ilícitas, que incluyen el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el contrabando (de combustible, alimentos, minerales estratégicos), la minería ilegal y la trata de personas, con un impacto devastador en las comunidades afectadas.¹¹ La violencia letal ejercida por funcionarios policiales también constituye una fuente significativa de muertes violentas, generando preocupación por posibles ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza.⁹

La distribución geográfica de la violencia es heterogénea, con ciertos estados y municipios concentrando las tasas más altas de criminalidad. Informes de Transparencia Venezuela basados en datos del OVV para 2019 señalaban tasas de homicidio extremadamente elevadas en estados como Aragua (82 por 100,000 habitantes), Bolívar (84/100,000), Sucre (61/100,000) y Delta Amacuro (60/100,000).¹¹ El informe del OVV para 2023 detalla que el Distrito Capital (50.8/100,000) y Miranda (41/100,000) presentaron las tasas más altas de muertes violentas, con municipios mineros en Bolívar como El Callao exhibiendo tasas desorbitadas.⁹ Esta concentración geográfica sugiere la influencia de factores locales específicos, como la presencia de economías ilícitas o disputas territoriales entre grupos criminales.

Los perfiles de víctimas y victimarios disponibles son limitados, pero los datos existentes apuntan a una sobrerrepresentación de hombres jóvenes entre las víctimas de homicidio y de violencia policial.⁹ Según el OVV (2023), la mayoría de las víctimas de homicidio (66%) tenían entre 15 y 44 años, y el 95% de las víctimas en casos de violencia delictiva eran hombres. En las muertes por intervención policial, el 98.6% de las víctimas eran hombres, y un 64% tenía antecedentes policiales.⁹ La violencia de género también es una preocupación, aunque los perfiles varían según el tipo de delito, con mujeres siendo la abrumadora mayoría de las víctimas de violación.⁹

Tabla 2: Principales Manifestaciones de la Criminalidad en Venezuela: Datos Recientes y Distribución.

Esta tabla resume la magnitud y las características multifacéticas de la criminalidad, subrayando la necesidad de estrategias diferenciadas que atiendan tanto a la violencia interpersonal como a las complejas redes del crimen organizado, y que consideren las particularidades geográficas del fenómeno.

B. Factores Estructurales e Impulsores de la Criminalidad

La compleja y arraigada dinámica de la criminalidad en Venezuela se nutre de una confluencia de factores estructurales e impulsores que han sido exacerbados por la prolongada crisis que atraviesa el país. Estos elementos van desde el deterioro socioeconómico hasta profundas fallas institucionales.

1. Impacto de la crisis socioeconómica:

El severo empobrecimiento de la población venezolana, el aumento del desempleo y el marcado deterioro de las condiciones generales de vida han creado un caldo de cultivo propicio para diversas formas de delincuencia.9 El Observatorio Venezolano de Violencia ha vinculado directamente el incremento de la violencia con el «empobrecimiento» generalizado.9 La pobreza, definida no solo por la carencia de ingresos sino también por la falta de acceso a vivienda digna, salud, educación y oportunidades laborales 23, genera desesperación y reduce las alternativas legítimas de subsistencia para muchos ciudadanos.

La crisis humanitaria compleja ha agravado esta situación, con un impacto directo en la seguridad alimentaria, el acceso a servicios de salud básicos y a medicamentos esenciales, y el colapso de servicios públicos como el agua y la electricidad.³³ Este contexto de carencias generalizadas puede empujar a individuos y familias a situaciones límite, aumentando la vulnerabilidad a involucrarse en actividades delictivas o a ser víctimas de ellas.

2. Debilidad institucional, corrupción e impunidad:

Un factor crucial que alimenta la criminalidad es la profunda erosión del Estado de Derecho y la marcada debilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia. El sistema de justicia penal venezolano ha sido calificado como uno de los peores y menos independientes del mundo, con serias deficiencias en su capacidad para investigar, procesar y sancionar eficazmente los delitos.13

La corrupción generalizada, que permea diversos niveles del Estado, ha facilitado la expansión del crimen organizado y ha debilitado los esfuerzos para combatirlo. Existen denuncias y evidencias que sugieren la participación o complicidad de funcionarios públicos en redes delictivas, lo que socava la legitimidad de las instituciones y obstaculiza cualquier intento serio de aplicar la ley.¹¹ Informes detallan cómo la corrupción facilita actividades como el contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal en varias regiones del país.¹¹

Esta combinación de debilidad institucional y corrupción se traduce en altos niveles de impunidad, que actúan como un poderoso incentivo para la persistencia y el incremento del delito. La percepción de que los crímenes no serán castigados fomenta una cultura de ilegalidad y reduce la disuasión.¹² Se ha llegado a afirmar que «los hechos delictivos y actos de corrupción gozan de una impunidad total» en el país.¹² La alta proporción de «muertes violentas en averiguación» ⁹, que en 2023 representaron el 58% del total, no es solo una categoría estadística; es un indicador crítico de la incapacidad o la falta de voluntad del sistema de justicia para investigar y esclarecer los crímenes. Esta situación no solo alimenta la impunidad, sino que también erosiona profundamente la confianza ciudadana en las instituciones, creando un círculo vicioso que puede incentivar la justicia por mano propia o dar mayor cabida a actores no estatales en la «resolución» de conflictos, lo cual agrava aún más el panorama de inseguridad.

Adicionalmente, la violencia ejercida por funcionarios policiales, incluyendo la alta letalidad en supuestos enfrentamientos, contribuye al ciclo de violencia y mina la confianza de la ciudadanía en quienes deberían protegerla.⁹ La «letalidad policial» ha sido identificada como uno de los «nuevos rostros» de la violencia en Venezuela ⁹, lo que plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y las prácticas de las fuerzas de seguridad.

La expansión y diversificación del crimen organizado, que en algunas áreas ha llegado a ejercer control territorial y social efectivo ¹¹, no solo representa una amenaza directa a la seguridad física de los ciudadanos, sino que constituye un desafío fundamental a la soberanía y la autoridad del Estado. Estos grupos, al imponer «sistemas paralelos de reglas» ¹⁶ y suplantar funciones estatales esenciales, contribuyen a la creación de lo que se ha denominado «estados sin ley».¹¹ Esta dinámica redefine la naturaleza del conflicto y la criminalidad en Venezuela, transformando el problema de la «delincuencia común» en una cuestión mucho más compleja de gobernanza, control territorial y disputa por el poder. Esto complica enormemente la formulación e implementación de estrategias de reducción del delito que dependen de la existencia de una autoridad estatal funcional y legítima en todo el territorio.

C. Repercusiones Sociales de la Inseguridad

La alta y persistente criminalidad en Venezuela trasciende las estadísticas de delitos y muertes, generando profundas y variadas repercusiones en el tejido social y la vida cotidiana de la población. El miedo constante a ser víctima de la delincuencia se ha instalado en el imaginario colectivo, llevando a una significativa restricción de libertades individuales y a la alteración de rutinas diarias. Actividades tan comunes como transitar por espacios públicos, utilizar el transporte o participar en eventos sociales se ven condicionadas por la percepción de inseguridad, limitando la interacción social y el disfrute del entorno.

Una de las consecuencias más graves de la violencia es el desplazamiento forzado, tanto interno como hacia otros países. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares y comunidades para escapar de la violencia directa, las amenazas de grupos criminales o la falta de protección estatal. Esta migración forzada no solo desarraiga a las personas, sino que también genera nuevas vulnerabilidades en los lugares de destino.

El costo económico de la violencia es también considerable. Incluye desde la pérdida de productividad debido a la interrupción de actividades económicas y el ausentismo laboral, hasta los cuantiosos gastos en seguridad privada por parte de ciudadanos y empresas que buscan protegerse. La inseguridad también desincentiva la inversión nacional y extranjera, afectando el desarrollo económico a largo plazo.

A un nivel más profundo, la inseguridad crónica contribuye al deterioro del tejido social y la cohesión comunitaria. La desconfianza hacia los demás y hacia las instituciones se generaliza, debilitando los lazos de solidaridad y cooperación. Los espacios públicos, que deberían ser lugares de encuentro e integración, pueden convertirse en zonas de temor y evitación, fragmentando la vida comunitaria. Este clima de anomia y desconfianza dificulta la construcción de soluciones colectivas a los problemas sociales, incluyendo la propia inseguridad.

IV. Intersecciones Críticas: Embarazo No Deseado y Criminalidad

A. Juventud Venezolana: Vulnerabilidades Cruzadas

La juventud venezolana se encuentra en una encrucijada de vulnerabilidades, siendo un grupo poblacional desproporcionadamente afectado tanto por las altas tasas de embarazo no deseado como por la exposición a la criminalidad y la violencia.³ La crisis multidimensional que atraviesa el país ha erosionado drásticamente las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, limitando sus perspectivas de futuro y aumentando su exposición a diversos riesgos.³ Informes recientes destacan la falta de ofertas laborales adecuadas y la baja remuneración como barreras significativas para la emancipación juvenil.²⁶

Este contexto de precariedad y desesperanza tiene un impacto severo en la salud mental de los jóvenes. El «miedo», el «resentimiento», la «apatía» y el «trauma psicosocial» son sentimientos y condiciones que se han identificado en la juventud venezolana, reflejando la constante dificultad de vivir en un entorno de crisis y violencia.²⁶ La falta de un proyecto de vida viable, en un escenario donde las vías tradicionales de progreso parecen bloqueadas, puede llevar a algunos jóvenes a buscar alternativas percibidas, aunque a menudo perjudiciales, para obtener reconocimiento, ingresos o un sentido de pertenencia.

B. Trayectorias de Riesgo: Del Embarazo Adolescente a la Exclusión y Potencial Vínculo con la Delincuencia

El embarazo durante la adolescencia actúa como un potente catalizador de la exclusión social y económica, profundizando las vulnerabilidades preexistentes.³ Como se ha mencionado, «perpetúa los ciclos de pobreza y desigualdad» ³, al truncar la trayectoria educativa de la joven madre, limitar sus oportunidades de empleo cualificado y aumentar su dependencia económica.

En un contexto de crisis severa y redes de apoyo social y estatal debilitadas o inexistentes, la falta de oportunidades y el peso de la responsabilidad materna pueden llevar a madres adolescentes a situaciones de desesperación. Aunque no es una consecuencia inevitable ni generalizada, algunos análisis sugieren que esta vulnerabilidad extrema podría, en ciertos casos, empujar a algunas jóvenes hacia actividades ilícitas o de alto riesgo, como la prostitución o la pequeña delincuencia, como estrategias de supervivencia para ellas y sus hijos.⁸ Esta «tendencia a la prostitución o delincuencia» no debe interpretarse como una elección moral, sino como una manifestación de la ruptura de mecanismos de protección y la ausencia de alternativas económicas viables. En este sentido, la prevención del embarazo adolescente no solo protege la salud y los derechos de las jóvenes, sino que también puede considerarse, indirectamente, una estrategia de prevención de la explotación y de ciertas formas de criminalidad.

Además, los hijos e hijas de madres adolescentes que crecen en entornos de pobreza y exclusión enfrentan un mayor riesgo de sufrir negligencia, maltrato ² y exposición temprana a entornos criminógenos. Esta situación puede contribuir a la perpetuación de ciclos intergeneracionales de vulnerabilidad, donde las desventajas se transmiten de una generación a la siguiente, alimentando tanto la exclusión social como la propensión a la violencia.

C. El Crimen Organizado y su Influencia en Jóvenes y la Salud Reproductiva

La expansión del crimen organizado en Venezuela representa una amenaza particular para la juventud y tiene implicaciones directas para la salud sexual y reproductiva. En contextos de pobreza extrema y falta de oportunidades educativas y laborales legítimas, los grupos delictivos encuentran un terreno fértil para el reclutamiento de jóvenes.¹⁶ La promesa de ingresos rápidos, estatus o protección puede resultar atractiva para adolescentes y jóvenes que se sienten excluidos y sin perspectivas. Como se ha observado en otros contextos regionales, «las personas jóvenes pueden unirse a las maras y pandillas como consecuencia de la falta de oportunidades».¹⁶

Las redes criminales también están implicadas en la explotación sexual y la trata de personas, afectando de manera desproporcionada a mujeres jóvenes y adolescentes.¹¹ Estas formas de violencia no solo constituyen graves violaciones de los derechos humanos, sino que también tienen un impacto directo en la salud reproductiva, resultando en embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y traumas físicos y psicológicos severos. Informes detallan la operación de bandas dedicadas a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en diversas regiones del país.¹¹

Asimismo, el control territorial ejercido por algunos grupos criminales en determinadas zonas puede limitar severamente el acceso de la población, y en particular de los jóvenes, a servicios esenciales, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva y los mecanismos de justicia para las víctimas de violencia basada en género.¹⁶ La imposición de «leyes» paralelas y la suplantación de la autoridad estatal en estas áreas crean entornos donde los derechos son vulnerados con impunidad.

La normalización de la violencia en la sociedad venezolana –incluyendo la violencia de género y la violencia criminal generalizada ⁶– junto con una palpable crisis de valores, crea un entorno tóxico para el desarrollo juvenil. La necesidad de «transformar las normas de género» ¹⁷ y abordar las «causas estructurales» del embarazo adolescente, como la discriminación y la desigualdad, es imperativa. La «apatía» y el «miedo» que caracterizan a una parte de la juventud ²⁶ son respuestas comprensibles a este entorno adverso. En este contexto, tanto el embarazo adolescente (que puede ser producto de la coerción, la falta de agencia o la desinformación) como la participación juvenil en la delincuencia pueden ser interpretados como síntomas de una disfunción social más profunda. Esta disfunción afecta la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones informadas, saludables y constructivas sobre sus vidas. Por lo tanto, las intervenciones no deben limitarse a abordar los síntomas individuales, sino que deben aspirar a transformar las normas sociales, reducir la violencia en todas sus formas y, fundamentalmente, restaurar la esperanza y las oportunidades para la juventud venezolana.

V. Estrategias de Prevención y Reducción: Avances, Brechas y Desafíos

A. Abordaje del Embarazo No Deseado: Políticas e Iniciativas

En Venezuela, se han implementado diversas políticas e iniciativas para abordar el persistente desafío del embarazo no deseado, con un foco particular en la población adolescente. El Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (PRETA) se ha destacado como la principal estrategia gubernamental en esta materia.⁴ Este plan, liderado por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, con la participación de otros ministerios como el de Educación y el apoyo técnico del UNFPA, ha centrado sus esfuerzos en la Educación Sexual Integral (ESI) y en la mejora de los servicios de salud diferenciados para adolescentes. Entre sus objetivos se encuentran la formación de docentes en ESI, la instalación de ambientes de formación y el fortalecimiento de consultas especializadas.¹⁷ Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, se han identificado retos significativos para su implementación efectiva, como la movilización de recursos financieros y la necesidad de abordar de manera más contundente las causas estructurales del problema, como la pobreza y la desigualdad de género.¹⁷

Paralelamente, diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) y agencias internacionales han desarrollado programas de ESI. Prosalud, por ejemplo, ha implementado charlas y talleres que, según reportes, han alcanzado a millones de beneficiarios, buscando promover una sexualidad sana y responsable.³⁰ El UNFPA también ofrece módulos de formación en ESI y prevención de la violencia basada en género (VBG), dirigidos a docentes, promotores comunitarios y personal de salud.³¹ Organizaciones como la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) y la Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAFAM) han tenido un rol histórico en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la oferta de servicios.²⁷ El Movimiento Juvenil Huellas también trabaja en la prevención del embarazo precoz entre jóvenes vulnerables.³⁷ Estas iniciativas buscan complementar los esfuerzos estatales, a menudo con enfoques innovadores y un fuerte componente de defensa de derechos.

En cuanto al acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, tanto el Estado como el UNFPA han trabajado para mejorar la disponibilidad, aunque persisten desafíos considerables.⁵ El UNFPA reportó la entrega de más de 1.1 millones de unidades de métodos anticonceptivos entre 2020 y 2021, priorizando a poblaciones vulnerables.⁵ No obstante, las barreras económicas, geográficas y culturales siguen limitando el acceso efectivo para muchas mujeres y adolescentes, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. La calidad de los servicios de salud reproductiva, la confidencialidad y la existencia de espacios amigables para adolescentes son aspectos que requieren atención continua.

B. Lucha Contra la Criminalidad: Enfoques y Obstáculos

Las políticas gubernamentales de seguridad ciudadana en Venezuela han incluido iniciativas como la Gran Misión Cuadrantes de Paz y el desarrollo de la Policía Comunal, con el objetivo teórico de acercar los cuerpos de seguridad a las comunidades y mejorar la prevención del delito.¹⁸ Sin embargo, la percepción sobre la efectividad de estas políticas es mixta. Estudios entre estudiantes policiales indican que, si bien se reconoce el potencial de planes como los Cuadrantes de Paz, su funcionalidad en la práctica se ve mermada por la falta de recursos esenciales como vehículos y equipos de comunicación, así como por problemas de supervisión y posible corrupción.¹⁸

Las iniciativas de prevención del delito con participación comunitaria han sido promovidas como una estrategia clave. Se ha recomendado la creación de grupos mancomunados de vigilancia y educación en coordinación con consejos comunales y la policía.⁴¹ Organizaciones como Paz Activa han desarrollado programas que buscan fomentar la gobernabilidad local en convivencia y seguridad ciudadana, y empoderar a jóvenes y escuelas como agentes de cambio por la paz.⁴² El manual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre prevención del delito ofrece un marco general que subraya la importancia de adaptar las buenas prácticas a los contextos locales y movilizar a la sociedad civil.⁴³

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras agencias internacionales también han colaborado en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, apoyando, por ejemplo, políticas de control de armas y municiones, la mejora de la gestión de información sobre violencia y la promoción de la gestión local de la seguridad.⁴⁰

No obstante, todos estos esfuerzos se enfrentan a obstáculos monumentales derivados de la profunda crisis del sistema de justicia penal venezolano. La alta impunidad, la falta de independencia judicial, la corrupción endémica y la limitada capacidad de investigación y sanción efectiva de los delitos socavan cualquier estrategia de prevención o control.¹³ El sistema de justicia penal venezolano ha sido calificado como uno de los peores del mundo en términos de efectividad e independencia.¹³ Históricamente, la prevención del delito en Venezuela ha adolecido de una ausencia de política criminal coherente, escasez de recursos y falta de rigor evaluativo.³⁶

En este contexto, el papel de la sociedad civil y las ONGs en la prevención del delito, el monitoreo de la violencia y la defensa de los derechos humanos se vuelve aún más crucial.³⁶ Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia y Paz Activa realizan una labor fundamental de documentación, análisis y propuesta. Sin embargo, estas organizaciones también operan en un entorno cada vez más desafiante, con restricciones al espacio cívico que limitan su capacidad de acción.¹⁹

C. Desafíos Transversales para la Efectividad de las Intervenciones

La efectividad de las intervenciones tanto en la prevención del embarazo no deseado como en la reducción de la criminalidad en Venezuela se ve mermada por una serie de desafíos transversales que afectan la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad civil.

Uno de los principales obstáculos es la opacidad y desactualización de los datos oficiales.¹ La carencia de estadísticas fiables, recientes y desagregadas dificulta la realización de diagnósticos precisos sobre la magnitud y las características de ambas problemáticas, así como la evaluación rigurosa del impacto de los programas implementados. Esta falta de información basada en evidencia limita la capacidad para diseñar políticas públicas efectivas y para reorientar estrategias cuando sea necesario.

La falta de recursos (humanos, financieros y materiales) es otro desafío crítico que afecta la implementación sostenida y la cobertura adecuada de los programas.¹⁷ Tanto el Plan PRETA como las políticas de seguridad ciudadana han reportado limitaciones presupuestarias y logísticas que comprometen sus objetivos.¹⁷ La crisis económica ha diezmado la capacidad financiera del Estado y también ha afectado la sostenibilidad de las ONGs.

La debilidad institucional y la falta de coordinación intersectorial efectiva son problemas endémicos.¹⁷ A pesar de la existencia de planes y mesas técnicas, la articulación entre los diferentes ministerios, niveles de gobierno y actores no estatales suele ser deficiente, lo que lleva a la duplicación de esfuerzos, la dispersión de recursos y la falta de un enfoque integral y coherente.

El contexto de crisis humanitaria compleja que vive Venezuela impone limitaciones severas a la capacidad de respuesta estatal y social. Las prioridades se centran a menudo en la atención de emergencias básicas, dejando en un segundo plano las inversiones a largo plazo en prevención social.

Una brecha fundamental en muchas intervenciones es la insuficiente atención a las causas estructurales de los problemas, como la pobreza extrema, la desigualdad de género, las normas culturales arraigadas y la violencia estructural.¹⁷ Los programas que se enfocan únicamente en los síntomas, sin abordar estas raíces profundas, tienden a tener un impacto limitado y poco sostenible.

Finalmente, las restricciones crecientes al espacio cívico y los desafíos operativos que enfrentan las ONGs y los defensores de derechos humanos ¹⁹ representan una amenaza para la continuidad de su labor. En un contexto donde el Estado puede tener una capacidad limitada o una voluntad política fluctuante, el rol de la sociedad civil organizada es indispensable para la prevención, la atención, el monitoreo y la incidencia.

La persistencia de altas tasas de embarazo adolescente y de criminalidad, a pesar de la existencia de planes nacionales y políticas específicas, sugiere una profunda «brecha de implementación». Los diseños de políticas pueden parecer adecuados en el papel, pero su traducción a resultados concretos fracasa debido a la combinación de los factores mencionados: falta de recursos, debilidad institucional, corrupción y una desconexión con las realidades operativas y las necesidades de las comunidades. Esto subraya que no basta con formular planes; se requiere una capacidad estatal robusta y una voluntad política sostenida para llevarlos a la práctica de manera efectiva, elementos que se han visto severamente comprometidos por la crisis venezolana.

En este escenario, el rol de las ONGs y la sociedad civil se vuelve aún más crítico. Estas organizaciones a menudo llenan vacíos cruciales en la prevención, la atención y la defensa de derechos, demostrando resiliencia e innovación.⁷ Sin embargo, la paradoja radica en que, precisamente cuando más se necesita su contribución, estas entidades enfrentan un entorno operativo cada vez más restrictivo, con limitaciones a su financiamiento, criminalización de su labor y obstáculos para su funcionamiento.¹⁹ Esta situación tiene implicaciones graves para la resiliencia social y la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables, ya que quienes podrían mitigar los efectos de la crisis y la ineficacia estatal ven limitada su capacidad de actuar.

VI. Conclusiones y Líneas de Acción Estratégicas

A. Síntesis de Hallazgos Fundamentales

El análisis realizado en este informe evidencia la gravedad y la naturaleza estructural y crónica tanto del embarazo no deseado, especialmente en adolescentes, como de la criminalidad en Venezuela. Ambas problemáticas, lejos de ser fenómenos aislados, se encuentran interconectadas por causas profundas que incluyen la pobreza persistente, la exclusión educativa y laboral, la desigualdad de género, la violencia en sus múltiples formas y una marcada debilidad institucional exacerbada por una crisis multidimensional.

Se ha constatado que Venezuela presenta una de las tasas de fecundidad adolescente más altas de la región, un problema que no ha logrado ser revertido significativamente en décadas, lo que sugiere fallas en las estrategias implementadas y la necesidad de abordar con mayor contundencia las normas socioculturales y las barreras de acceso a ESI y anticoncepción. Las consecuencias de esta realidad son devastadoras, perpetuando ciclos de pobreza y limitando drásticamente los proyectos de vida de miles de jóvenes.

Paralelamente, la criminalidad se manifiesta como una epidemia de violencia, con altas tasas de homicidios, una preocupante letalidad policial y una expansión alarmante del crimen organizado que desafía la autoridad del Estado. La impunidad generalizada, alimentada por un sistema de justicia deficiente y la corrupción, constituye un factor clave en la persistencia de este flagelo, con repercusiones directas en la seguridad ciudadana y la cohesión social.

La juventud venezolana emerge como el grupo poblacional más vulnerable a estas dinámicas cruzadas, enfrentando un futuro incierto marcado por la falta de oportunidades y la exposición constante a riesgos. Las estrategias de prevención y reducción existentes, tanto para el embarazo no deseado como para la criminalidad, si bien algunas muestran intenciones positivas, adolecen de una brecha significativa entre su diseño y su implementación efectiva, debido a la falta de recursos, la debilidad institucional y la insuficiente atención a las causas estructurales. El rol de la sociedad civil, aunque vital, se ve constreñido por un entorno operativo cada vez más complejo.

B. Recomendaciones para la Prevención Integral del Embarazo No Deseado

1. Fortalecer y expandir la Educación Sexual Integral (ESI) de calidad: Implementar programas de ESI basados en evidencia científica, con enfoque de género, derechos humanos y diversidad, adaptados culturalmente a los diferentes contextos del país. Estos programas deben ser continuos a lo largo del ciclo educativo, involucrar a docentes capacitados, familias y comunidades, y abordar críticamente las dinámicas de poder en las relaciones, la prevención de la violencia basada en género y el fomento de la toma de decisiones autónoma y responsable.
2. Garantizar el acceso universal, gratuito y oportuno a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos y a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad: Esto incluye asegurar la disponibilidad y asequibilidad de los insumos, fortalecer la cadena de suministro, y mejorar la calidad de la consejería y la atención en los servicios de salud, con énfasis en la creación de espacios confidenciales y amigables para adolescentes y jóvenes, libres de prejuicios y discriminación. Se debe priorizar el acceso para poblaciones rurales, indígenas y otras en situación de especial vulnerabilidad.
3. Implementar programas de apoyo multifacético para adolescentes embarazadas y madres jóvenes: Estos programas deben ir más allá de la atención prenatal y postnatal, ofreciendo oportunidades para la reinserción o continuación educativa, capacitación para el empleo, apoyo psicosocial, y acceso a servicios de cuidado infantil. El objetivo es mitigar las consecuencias negativas del embarazo temprano y romper los ciclos intergeneracionales de pobreza y exclusión.
4. Promover campañas de comunicación y sensibilización social sostenidas: Dirigidas a transformar normas socioculturales que justifican o perpetúan el embarazo temprano, la violencia de género y la desigualdad. Estas campañas deben involucrar a líderes de opinión, medios de comunicación y actores comunitarios para fomentar masculinidades positivas, relaciones igualitarias y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.

C. Recomendaciones para la Reducción Sostenible de la Criminalidad

1. Reformar integralmente el sistema de justicia penal: Asegurar su independencia funcional y financiera, fortalecer las capacidades técnicas de investigación criminal (policial, fiscal y forense), combatir la corrupción interna y garantizar procesos transparentes y eficientes que reduzcan drásticamente la impunidad. Esto incluye la depuración y profesionalización de sus operadores.
2. Implementar estrategias de prevención del delito basadas en evidencia y con enfoque multidimensional: Combinar enfoques de prevención social (programas de desarrollo para jóvenes en riesgo, mejora del acceso a educación de calidad y oportunidades de empleo), prevención comunitaria (fomento de la participación ciudadana en el diagnóstico y solución de problemas de seguridad local, recuperación de espacios públicos, promoción de la cohesión social) y prevención situacional (mejoras en el diseño urbano y la iluminación, focalización de la vigilancia en puntos críticos).
3. Fortalecer los mecanismos de control civil y rendición de cuentas de las instituciones policiales: Profesionalizar a los efectivos policiales con un currículo que priorice los derechos humanos, el uso proporcional de la fuerza y las estrategias de policía de proximidad y comunitaria. Establecer sistemas de supervisión externa e interna eficaces para prevenir y sancionar abusos y corrupción.
4. Desarrollar estrategias específicas y coordinadas para combatir el crimen organizado: Enfocadas en desmantelar sus estructuras financieras y logísticas, neutralizar sus fuentes de ingreso (narcotráfico, minería ilegal, extorsión), proteger a las comunidades afectadas por su presencia y violencia, y fortalecer la cooperación internacional para abordar su naturaleza transnacional.

D. Estrategias para Abordar las Intersecciones y Proteger a la Juventud

1. Crear y/o fortalecer programas integrales para jóvenes en situación de alta vulnerabilidad: Estos programas deben ofrecer un paquete de servicios que aborden simultáneamente los riesgos de embarazo no deseado, violencia basada en género, y vinculación a la delincuencia. Deben incluir componentes de ESI, acceso a salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial, oportunidades educativas (formales y no formales), capacitación vocacional y técnica, promoción de habilidades para la vida, y acceso a actividades recreativas, culturales y deportivas que fomenten la resiliencia y proyectos de vida positivos.
2. Reforzar los sistemas de protección integral de la niñez y la adolescencia: Asegurar la actuación coordinada de las instituciones responsables (consejos de protección, tribunales de protección, fiscalías especializadas) para garantizar la atención oportuna y efectiva a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia (incluida la VBG y el abuso sexual) y aquellos en conflicto con la ley penal, priorizando enfoques restaurativos y socioeducativos sobre los punitivos.
3. Promover activamente la participación significativa de adolescentes y jóvenes: Involucrarlos en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas que les afectan directamente, reconociéndolos como sujetos de derechos y agentes de cambio en sus comunidades.

E. Fortalecimiento de la Investigación, el Monitoreo y la Colaboración Intersectorial

1. Invertir en la producción, análisis y difusión de datos e información: Establecer sistemas robustos y transparentes para la recolección sistemática, periódica y desagregada (por edad, sexo, ubicación geográfica, nivel socioeconómico, etc.) de datos sobre embarazo no deseado (incluyendo sus determinantes y consecuencias) y sobre todas las formas de criminalidad y violencia. Esta información es esencial para mejorar el diagnóstico, el diseño de políticas basadas en evidencia y la evaluación de impacto de las intervenciones.
2. Fomentar la investigación académica y aplicada: Promover y financiar estudios que profundicen en la comprensión de las dinámicas del embarazo adolescente y la criminalidad en el contexto venezolano actual, sus interconexiones, los factores de riesgo y protección, y la efectividad de diferentes modelos de intervención.
3. Establecer y/o fortalecer plataformas de coordinación interinstitucional e intersectorial: Crear espacios permanentes y funcionales de diálogo, planificación conjunta y acción coordinada entre las diferentes instituciones del Estado con competencias en estas materias, las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, el sector privado (cuando sea pertinente) y las agencias de cooperación internacional. El objetivo es asegurar respuestas coherentes, eficientes y que eviten la fragmentación de esfuerzos.
4. Apoyar, proteger y fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad civil (ONGs): Reconocer su contribución fundamental en la prevención, atención, monitoreo, investigación e incidencia política. Esto implica garantizar un entorno habilitante para su trabajo, facilitar su acceso a financiamiento, y proteger a sus integrantes de cualquier forma de hostigamiento o represalia.

La implementación de estas líneas de acción estratégicas, aunque desafiante en el complejo contexto venezolano actual, es indispensable para avanzar hacia una sociedad donde se prevengan eficazmente los embarazos no deseados, se reduzca sosteniblemente la criminalidad y, fundamentalmente, se protejan los derechos y se promuevan las oportunidades de desarrollo de toda la población, con una atención prioritaria a la juventud. Dada la crisis de gobernabilidad y capacidad estatal, es crucial que estas estrategias sean realistas, prioricen intervenciones de alto impacto posible en contextos de recursos limitados, y busquen fortalecer las capacidades residuales tanto en el Estado como, de manera crucial, en la sociedad civil y las comunidades. La cooperación internacional jugará un papel fundamental, no solo en la provisión de recursos, sino también en el acompañamiento técnico, la promoción de espacios de diálogo y la construcción de consensos para la acción.