Las Concesiones Petroleras en Venezuela: Análisis Comparativo de las Eras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez
Raymond Orta Martínez Investigación Asistida por IA
Este resumen analiza la política de otorgamiento de concesiones de hidrocarburos en Venezuela durante dos regímenes autocráticos del siglo XX: la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y el régimen militar de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958). A través de la obra de Rómulo Betancourt, se examinan los mecanismos legales y administrativos utilizados para la entrega de reservas nacionales a consorcios extranjeros, el tráfico de influencias y las repercusiones económicas de estas políticas en contraste con la gestión nacionalista intentada en los interregnos democráticos.
- IE Estado Terrateniente y el Subsuelo
La historia económica contemporánea de Venezuela está intrínsecamente ligada a la explotación de sus recursos minerales. La transformación de una economía agraria y pecuaria a una minero-extractiva se fundamentó en el sistema de concesiones. Este mecanismo permitió al Estado transferir derechos de exploración y explotación a particulares y empresas foráneas. Sin embargo, la administración de esta riqueza estuvo marcada, según la documentación analizada, por el entreguismo y la corrupción administrativa, configurando lo que Betancourt denomina una «economía deformada» y una «prosperidad fiscal» paralela al «pauperismo nacional» - La Era de Juan Vicente Gómez (1908-1935): La Danza de las Concesiones
El régimen de Juan Vicente Gómez marca el inicio de la industria petrolera comercial a gran escala en Venezuela. Su política se caracterizó por la ausencia de nacionalismo económico y el uso del patrimonio público para el enriquecimiento de una camarilla gobernante.
2.1. El Marco Legal Complaciente
La legislación petrolera bajo Gómez fue diseñada para favorecer a los inversionistas extranjeros. Un hito fundamental fue la Ley de Hidrocarburos de 1922. Según el análisis histórico, esta ley no fue producto de una deliberación soberana, sino de la intervención directa de las partes interesadas. Betancourt cita al periodista norteamericano Clarence Horn, quien relató en la revista Fortune (1939) que «Gómez llamó a los representantes de las Compañías importantes y les dijo: “Ustedes saben de petróleo. Hagan ustedes las leyes. Nosotros somos novatos en eso”»
El resultado fue un estatuto legal hecho a la medida, donde «los ratones fueron convocados para legislar a propósito del queso que se iban a repartir»
2.2. El Mecanismo de los Testaferros y la Concesión Valladares
El otorgamiento de concesiones se convirtió en un mecanismo de lucro personal para los allegados al dictador. El procedimiento estándar consistía en otorgar vastas extensiones de terreno a particulares venezolanos (testaferros), quienes luego traspasaban estos derechos a las compañías extranjeras a cambio de sumas millonarias.
El caso más emblemático fue el de la «Concesión Valladares». El 2 de enero de 1912, el doctor Rafael Max Valladares suscribió un contrato con el Ejecutivo que le otorgaba derechos sobre el subsuelo de doce estados de la República, abarcando una «monstruosa concesión» de 27 millones de hectáreas
Apenas dos días después, Valladares traspasó esta concesión a la Caribbean Petroleum Company, una filial de la General Asphalt
Esta operación violaba la Ley de Minas de 1910 vigente, que limitaba los lotes a 800 hectáreas, mientras que la concesión Valladares abarcaba territorios inmensos sin distinción de propiedad. A pesar de las protestas posteriores y demandas de nulidad por ser «inconstitucionales y antijurídicos», el régimen protegió estos contratos
,. Más aún, en 1922, mediante «una liberal distribución de cheques entre funcionarios venales», el contrato Valladares fue renovado anticipadamente hasta 1943, en una maniobra legalmente cuestionable
2.3. La Compañía Venezolana de Petróleo: Corrupción Institucionalizada
Hacia 1923, Gómez centralizó el negocio de la venta del subsuelo mediante la creación de la Compañía Venezolana de Petróleo. Aunque presentada como una entidad nacional, funcionaba como una «empresa simulada que creó el dictador» para que él y sus asociados obtuvieran dinero de las compañías extranjeras y defraudaran al tesoro público,.
Esta compañía recibía concesiones del Estado y las transfería a los consorcios internacionales. Betancourt documenta que «en 1926, del total de 234 contratos de exploración y explotación otorgados, la Compañía Venezolana recibió 189»
Las ganancias no iban al fisco, sino a los bolsillos particulares. Investigaciones posteriores del Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa en 1946 determinaron que las sumas pagadas a Gómez a través de este mecanismo excedieron los 20 millones de bolívares de la época
2.4. Exoneraciones Aduaneras y Beneficios Excesivos
Además de la entrega de tierras, el régimen otorgó exoneraciones masivas de impuestos de importación a las petroleras. El Ministro de Fomento Gumersindo Torres, en un memorándum de 1930, admitió que durante los siete años precedentes, «las exoneraciones aduanales de que se había beneficiado la industria petrolera alcanzaron a doscientos diecinueve millones de bolívares, mientras que en el mismo lapso el total de lo recaudado por el fisco en el ramo de hidrocarburos sólo ascendió a ciento ochenta y siete millones de bolívares»
Esto llevó a la conclusión oficial de que «las compañías se llevan el petróleo y el Gobierno de Venezuela les paga para que se lo lleven»
- La Era de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958): El Retorno al Colonialismo
Tras el derrocamiento del gobierno democrático de Rómulo Gallegos en 1948, el régimen militar encabezado posteriormente por Marcos Pérez Jiménez revirtió la política nacionalista de «no más concesiones» instaurada durante el Trienio (1945-1948)
Se retomaron las prácticas de entrega de reservas nacionales bajo justificaciones técnicas cuestionables y en un ambiente de opacidad administrativa.
3.1. Justificaciones para Nuevas Concesiones
El régimen militar argumentó la necesidad de otorgar nuevas concesiones bajo la premisa de aumentar las reservas probadas y diversificar la industria. Sin embargo, el análisis de los datos demuestra la falacia de estos argumentos.
Para 1953, las reservas probadas de petróleo habían alcanzado 1.550 millones de metros cúbicos, un aumento sustancial logrado mediante la exploración de solo una fracción mínima de las concesiones ya existentes.
Las compañías mantenían en su poder más de 5,8 millones de hectáreas sin explorar. Betancourt sostiene que «no era necesario otorgar nuevas concesiones para mantener el alto nivel de producción alcanzado», dado que las empresas poseían vastas extensiones ociosas
El argumento de la «diversificación» para favorecer a supuestos «pequeños inversionistas» independientes también fue desmontado. Las empresas beneficiarias, presentadas como independientes, eran en realidad filiales de poderosos trusts norteamericanos como la Texas Corporation o la Cities Service Company
3.2. El Otorgamiento de 1956-1957
A pesar de la oposición latente y la evidencia técnica en contra, la dictadura procedió a una nueva subasta del subsuelo nacional. En 1956 y 1957 se otorgaron nuevas concesiones, rompiendo la política de contención establecida previamente.
El proceso se caracterizó por la falta de transparencia. «Al pueblo de Venezuela se le mantuvo sin información alguna en todas las etapas del proceso que culminó en estas escandalosas negociaciones», señala el texto, destacando que no hubo debate público ni parlamentario legítimo
Las concesiones fueron entregadas por 40 años, un lapso considerado excesivo y propio de «sistemas coloniales»
3.3. La «Venezuelan Leaseholds» y el Tráfico de Influencias
Al igual que en la época de Gómez, el otorgamiento de concesiones bajo Pérez Jiménez estuvo marcado por el favoritismo. Un caso paradigmático citado en la fuente es el de la Venezuelan Leaseholds. Esta empresa, presidida por Henrique J. Brandt, persona de la «íntima camarilla de Pérez Jiménez», obtuvo concesiones privilegiadas, incluyendo un lote en el rico Lago de Maracaibo
Esta compañía, cuyos directores no eran petroleros, actuó como intermediaria, negociando la explotación con la San Jacinto Petroleum Company de Texas. El acuerdo reportó beneficios inmediatos a los titulares de la concesión (un pago de 3 millones de dólares en efectivo y regalías permanentes) sin que el Estado participara directamente en la explotación, perdiendo así la oportunidad de captar la totalidad de la renta.
3.4. Pérdida de Ingresos Fiscales
La política de la dictadura resultó en una disminución relativa de la participación fiscal por barril de petróleo. Mientras que en 1948 (bajo el gobierno democrático) el Estado y la nación percibían el 37,6% del valor de la producción, bajo la dictadura este porcentaje cayó a 30,8% en 1949 y a 25,7% en 1950
Se calcula que, de haberse mantenido las tasas de participación vigentes en 1948, Venezuela habría recibido sumas inmensamente superiores. El texto estima que «las pérdidas para el país se estiman sin dificultad, entre los años 49-54, en la enorme suma de cuatro mil quinientos ocho millones de bolívares»
. Además, las compañías comenzaron a cotizar el petróleo venezolano a precios inferiores a los del mercado internacional para reducir sus obligaciones fiscales («posting prices»), una maniobra tolerada por el régimen
- Conclusiones
El análisis de las fuentes documentales permite establecer un paralelismo claro entre las políticas petroleras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. Ambos regímenes: - Privilegiaron el capital extranjero: Facilitaron la expansión de los consorcios internacionales (Standard Oil, Shell, Gulf) en detrimento del control nacional sobre el recurso estratégico.
- Institucionalizaron la corrupción: Utilizaron el otorgamiento de concesiones como mecanismo para enriquecer a camarillas cercanas al poder (caso CVP con Gómez y Venezuelan Leaseholds con Pérez Jiménez).
- Desoyeron criterios técnicos y nacionales: Otorgaron vastas extensiones de territorio por periodos prolongados (40-50 años), hipotecando el futuro de la nación, bajo argumentos de necesidad económica que los datos de reservas y producción desmentían.
- Generaron pérdidas patrimoniales: La falta de una política fiscal nacionalista resultó en que el Estado dejara de percibir ingresos milmillonarios que, según la tesis de Betancourt, deberían haber servido para «sembrar el petróleo» y diversificar la economía.
En contraste, el texto resalta que durante el interregno democrático (1945-1948), se detuvo el otorgamiento de concesiones, se elevaron los impuestos (logrando el llamado «50-50» de facto) y se promovió la injerencia del Estado en la industria, demostrando que era posible una relación distinta y soberana con el capital petrolero internacional.
Betancourt, R. (2007). Venezuela, política y petróleo (6.ª ed.). Academia de Ciencias Políticas y Sociales; Universidad Católica Andrés Bello; Fundación Rómulo Betancourt.