TERREMOTO DE CORRUPCIÓN EN LAS INGENIERÍAS MUNICIPALES: CÓMO EL SOBORNO DESTRUYE NUESTRAS CIUDADES
Por Raymond Orta para Por Venezuela.com
El problema que todos vemos pero nadie denuncia
En cualquier ciudad venezolana, la escena se repite: alguien quiere construir una casa, un edificio, un negocio. Se acerca a la alcaldía con planos, permisos, documentación. Y comienza la pesadilla.
No es que falten reglas. Es que las reglas no se aplican igual para todos.
Algunos proyectos avanzan en semanas. Otros permanecen paralizados meses. La diferencia no está en la calidad del proyecto ni en el cumplimiento técnico. Está en quién conoce a quién. O, más directo: en cuánto está dispuesto a pagar.
Un problema que viene de lejos
Esto no es invención venezolana.
Organismos internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas han documentado durante años cómo funcionarios municipales de decenas de países extorsionan a constructores. Exigen pagos ocultos. Aprueban obras que no cumplen seguridad. Falsifican certificados de inspección.
Lo nuevo no es que ocurra. Lo nuevo es que en Venezuela se ha vuelto sistemático, descarado y destructivo.
Cómo funciona la corrupción en permisos
Usted presenta su proyecto en la ingeniería municipal. El funcionario lo recibe. Pero luego le «sugiere» que contrate a un «gestor especializado». Ese gestor cobra porcentaje. El funcionario recibe comisión.
Obra completa sin que usted haya obtenido nada tangible.
Otra táctica: si su proyecto es de un allegado político, se le eximen requisitos que a usted le exigen. Retiros de construcción. Áreas verdes. Estacionamientos. Cosas que la ley dice que debe cumplir. Pero solo usted debe cumplirlas.
O simplemente: su expediente desaparece. Solicita reinspección. Desaparece de nuevo. Hasta que negocia un «acuerdo».
Lo más peligroso: certificados falsos de culminación
Pero aquí está lo realmente grave.
El momento más importante es cuando termina la obra. Un inspector municipal debe certificar que todo cumple: estructura segura, electricidad correcta, salidas de emergencia, todo.
Ese inspector cobra un sueldo miserable. Tiene incentivo perfecto para aceptar soborno.
Resultado? Edificios certificados como seguros que no lo son.
Edificios que matan
Cuando un inspector aprova una obra con defectos, esos defectos quedan en la construcción. Para siempre.
Acero insuficiente que no soporta lo que debería. Concreto débil. Instalaciones eléctricas defectuosas. Salidas de emergencia que no existen.
Y toda esa gente vive o trabaja allí, ignorante de que habita una bomba de tiempo.
Un sismo. Un incendio. Y entonces sí se ven las consecuencias de corrupción que ocurrió años antes, cuando alguien aceptó un soborno a cambio de cerrar los ojos.
Los concejos municipales: ¿vigilantes o cómplices?
Los concejos municipales tienen una responsabilidad: fiscalizar a la alcaldía. Investigar corrupción. Proteger a ciudadanos.
¿Qué hacen en realidad?
Cuando llegan denuncias de soborno en la ingeniería municipal, se archivan. Sin investigación. Sin respuesta. Concejos de todos los colores políticos hacen lo mismo: protegen al funcionario corrupto si es allegado, pero no actúan con rigor.
Algunos concejos aprueban ordenanzas que flexibilizan estándares de construcción. Alargan plazos de inspección. Crean excepciones que solo benefician a proyectos de amigos.
Otros simplemente no asignan presupuesto para auditorías o sistemas de registro confiables. ¿Por qué? Porque auditoría efectiva exponería corrupción. Y la corrupción beneficia a muchos.
Ahora: momento crítico de reconstrucción
Venezuela enfrenta un momento delicado. Se evalúa infraestructura destruida. Se planean nuevas inversiones en agua, vivienda, servicios.
Es oportunidad de oro para hacer las cosas bien. O para reproducir corrupción a escala mayor.
Sin vigilancia, este será momento de saqueo institucionalizado. Con vigilancia, puede ser punto de quiebre.
¿Qué se debe hacer? Vigilancia integral
Primero: el Estado debe actuar.
Crear auditorías municipales independientes. Tecnificar inspecciones. Digitalizar todos los registros de permisos y certificaciones, con acceso público. Hacer inspecciones sorpresa de edificios ya certificados, para validar si la inspección inicial fue honesta.
Identificar funcionarios corruptos y aplicar consecuencia: destitución, inhabilitación, denuncia penal. Con publicitación clara para que se sepa quién fue sancionado y por qué.
Los ciudadanos no pueden esperar pasivamente
Segundo: los ciudadanos deben vigilar.
Crear grupos de vecinos capacitados en identificación de deficiencias constructivas visibles. Derecho a acompañar inspecciones públicas. Canales de denuncia anónima y segura.
Publicar en redes, en medios, quiénes son los funcionarios que aprueban obras irregulares. Exigir a concejos que investiguen. Presionar para que haya consecuencia.
La corrupción prospera en silencio. Muere en luz pública.
Concejos municipales: hora de decisión
Tercero: concejos deben fiscalizar de verdad.
Establecer comisiones permanentes de revisión de obras. Investigar toda denuncia de corrupción. Aplicar sanciones administrativas visibles.
Un concejal que protege a funcionario corrupto es tan culpable como el corrupto. Ambos traicionan a ciudadanía.
Los concejos deben elegir: legitimidad política o complicidad.
Ingenieros que cumplan
Cuarto: profesionales técnicos independientes.
Los ingenieros municipales deben estar protegidos de presión política. Contratación en carrera administrativa, no designación política.
Cada inspección debe identificar al inspector por nombre. Responsabilidad personal. Si falsifica, denuncia penal. Si supervisa mal, inhabilitación profesional.
Inspectores deben ser ingenieros colegiados, verificables, asegurados. No improvisados políticos.
No es paranoia. Es realidad.
Alguien dirá: «Exagera. La corrupción no es tan grave.»
Pero pregúntese: ¿cuántas obras ha visto usted que se demoraron sin razón? ¿Cuántas veces pidieron pagos informales? ¿Cuántos edificios se ven estructuralmente deficientes?
No es paranoia. Es lo que ocurre cuando sistema regulatorio está capturado.
La oportunidad es ahora
La reconstrucción de Venezuela requiere instituciones confiables. Eso significa vigilancia: del Estado, de ciudadanos, de concejos, de profesionales.
No es suficiente con buenas intenciones. Se requiere rendición de cuentas clara, consecuencias visibles y participación ciudadana permanente.
Alcaldes y concejos deben saber que serán fiscalizados. Funcionarios deben saber que actos corruptos tendrán consecuencia. Ciudadanos deben saber que tienen derecho a exigir transparencia.
Eso no es excesivo. Es mínimo para gobernanza seria.
Reflexión final
Un país se reconstruye con hormigón, acero y dinero. Pero también, fundamentalmente, con instituciones que funcionan.
Si aprobamos obras mediante soborno, si certificamos edificios sin inspeccionarlos, si protegemos funcionarios corruptos, entonces el hormigón que construimos es frágil. Los espacios que habitamos son inseguros. El futuro que heredamos es débil.
La vigilancia ciudadana y estatal sobre municipios no es sospecha infundada. Es racionalidad.
Porque cargo público implica poder: poder para crear o destruir valor mediante decisión regulatoria. Ese poder requiere vigilancia. Punto.
Sin ella, reconstrucción será solo transferencia de dinero a redes de corrupción.
Con ella, puede ser verdadera reconstrucción.
Raymond Orta
Abogado especialista en derecho procesal, perito informático forense y documentoscopista
Presidente de SIPDO-Venezuela
Para PorVenezuela.com